Independientemente de la comprensible necesidad que podría tener un medio de sustituir una versión periodística desafortunada, probablemente inducida por la prisa y el interés sensacionalista que ahora imponen las redes sociales, entiendo que N-Digital pudo haber recurrido a los canales siempre receptivos de la actual gestión de la DIGEIG, incluyendo una llamada a su directora, para abordar los temas denunciados a través de un título que sugiere una falta de responsabilidad en la actuación de esta institución: “¿Qué ha pasado con los casos de irregularidades que investiga la Dirección de Ética Gubernamental?
En su crónica, N-Digital se refiere a una serie de casos, ya conocidos a través de los medios de comunicación, frente a los cuales la DIGEIG ha actuado de manera responsable y proactiva, como nos permitimos explicar en las siguientes líneas:
- Con relación a la denuncia efectuadas en las redes sociales y que por rumor público se apoderó la DIGEIG, sobre la venta de empleos en el Ministerio de Salud Pública, ese expediente fue enviado al ministerio público juntamente con el caso del robo de los discos duros del Plan Social de la Presidencia en fecha 4 de noviembre del año 2020. A continuación, le envío el enlace de la noticia:
- Sobre el caso del funcionario no identificado que fue sometido a la Procuraduría General de la República, es importante reiterar que, dada la naturaleza de los hechos sometidos, es facultad del Ministerio Público disponer el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación, en virtud de los artículos 290 y 291 del Código Procesal Penal. En respeto a esas facultades, en ese caso específico, dada su naturaleza especial, corresponde al Ministerio Público emitir las informaciones de lugar cuando lo estime oportuno. A continuación, le envío el enlace de la noticia:
- En cuanto al caso relativo al regidor Leonte Torres, es importante recordarle, que los medios de comunicación se hicieron eco de una misiva dirigida la magistrada procuradora general de la República Dominicana mediante la cual Milagros Ortiz Bosch, le solicita investigar al referido regidor, ya que no podía pasar por alto las declaraciones que fueron emitidas. Es importante recordarle que el decreto 486-12 le otorga facultar a la DIGEIG, de realizar las investigaciones correspondientes y recomendar las sanciones establecidas en la ley 41-08 sobre función pública, a funcionarios y servidores públicos dependientes del poder ejecutivo, y los funcionarios municipales que ocupan cargos por elección popular, como el regidor Leonte Torres, no están regidos por la referida ley, de ahí que se solicita directamente al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente. A continuación, le envío el enlace de la noticia:
- Con relación a los casos como el de DIGEMAPS, es importante recordarle que el artículo 6 numeral 2 del decreto 486-12 faculta a la DIGEIG, a: «Investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley núm. 41-08, de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente y sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Administración Pública establecidas en dicha legislación;». Y tal como ha manifestado el propio medio, la persona señala originalmente en este caso fue desvinculada, y ha sido esta la que ha promovido una instancia que fue remitida por ante la DIGEIG; pero además el propio presidente mediante decreto 284-21 ordenó la restructuración de DIGEMAPS, en un plazo de seis (6) meses. Es plausible de decisión del presidente dado que alrededor de esa dirección confluyen intereses económicos que se disputan el control, y pueden incluso influir sobre el periodismo virtud instrumentalizándolo. A continuación, le envío el enlace de la noticia:
- Con relación al caso del señor señalado por tener tres empleos en la administración pública, se le olvidó a este medio que ellos mismo reprodujeron la iniciativa de la DIGEIG de publicar los empleos que tuvo el referido señor, y que en la misma publicación se informa que fue desvinculado de dos de ellos, quedando sólo con la función de maestro. A continuación, le envío el enlace de su propia noticia, por favor leer completo:
- Motivados en denuncias como la del señor que tenía tres (3) empleos, ciertamente la Dra. Milagros Ortiz Bosch, solicitó al Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, ejecutar una auditoría extraordinaria de la nómina pública con el objetivo de verificar si algún servidor o funcionario público, que no se encuentre dentro de las excepciones que prevé la ley 41-08, percibe más de un salario de la nómina pública solicitud que el Poder Ejecutivo mediante la creación de una Comisión asistida con la experiencia del Banco Internacional de Desarrollo. Por lo que el resultado de dicha auditoría, además del esfuerzo que viene haciendo la Contraloría General de la República, debe ser presentado a esta institución una vez culminen los trabajos técnicos que al respecto realizan estas instituciones. A continuación, le envío el enlace de la noticia:
- Y el último de los temas citados por el medio de comunicación, es el caso relativo al proceso de investigación y auditoria que se realizó APORDOM en la terminal de Puerto Plata, y donde ya habían desvinculado a las personas involucradas; remitido por la DIGEIG al Ministerio Público, toda vez las sanciones administrativas fueron adoptadas directamente por la entidad correspondiente. A continuación, le envío el enlace de la noticia y remitido a la Procuraduría General de la República o sea PEPCA.
Siempre a su disposición y a la distancia de un correo electrónico o una llamada telefónica.
Le saluda,
Dra. Milagros Ortiz Bosch
Dirección de Comunicaciones
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG)